
La violencia familiar ya dejó de ser un problema que sólo afecta a los que viven en un mismo hogar. Ya no es un asunto privado. La 49° Asamblea Mundial de la Salud, en su sexta sesión plenaria del 25 de mayo de 1996, la ha declarado como un problema de salud pública en todo el mundo en vista de las graves consecuencias inmediatas y a largo plazo que tiene para la salud y el desarrollo psiocológico-social en los individuos, familias, comunidades y países.
Una persona víctima de violencia familiar en forma física, cuyas consecuencias son lesiones graves, va a tener que hacer uso de los servicios de salud para su recuperación. Si es una persona económicamente pudiente, va hacer uso de los servicios costeando ella misma el tratamiento, que de por si ya significa un egreso para su presupuesto familiar.
Si este problema lo sufre una persona de escasos recursos, su recuperación la va a realizar en un centro de asistencia pública, lo que significa un gasto público para del Estado.
Paralelamente a la recuperación física, las victimas de violencia necesitan una atención de tipo psicológico para superar los efectos colaterales, además de recurrir a otros servicios públicos como policía, Juzgados y servicios jurídicos para hacer las denuncias a los agresores.
Si este problema lo sufre una persona de escasos recursos, su recuperación la va a realizar en un centro de asistencia pública, lo que significa un gasto público para del Estado.
Paralelamente a la recuperación física, las victimas de violencia necesitan una atención de tipo psicológico para superar los efectos colaterales, además de recurrir a otros servicios públicos como policía, Juzgados y servicios jurídicos para hacer las denuncias a los agresores.
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